Los 5.8 millones de dólares recuperados por el Estado mexicano derivados del desvío de recursos y lavado de dinero ligados a Genaro García Luna y la familia Weinberg se destinarán a planteles educativos de Media Superior, Superior y básica en la región de la Montaña de Guerrero. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que este monto equivale a cerca de 100 millones de pesos orientados a las zonas con mayores índices de necesidad del país, marcando la primera ocasión en que se logra reintegrar capitales recuperados directamente al erario nacional.
Al respecto, la mandataria federal puntualizó que el esquema financiero ilícito detectado por las autoridades corresponde al periodo posterior al ejercicio de García Luna como secretario de Seguridad Pública. Asimismo, aclaró que el nombre del ex presidente Felipe Calderón no figura en la trama de lavado de dinero investigada hasta el momento, aunque precisó que esto no descarta un posible conocimiento previo de las actividades delictivas.
Detalles de la red de corrupción y la demanda civil
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, informó que entre 2008 y 2018 se identificó un mecanismo de desvío y operaciones con recursos de procedencia ilícita superior a los 403 millones de dólares, a partir de contratos otorgados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a empresas fachada como NUNVAC.
El funcionario explicó que la familia Weinberg operó como un pilar fundamental en la estructura corporativa, participando en la asignación de 30 contratos gubernamentales con sobreprecios para simular pagos comerciales, ocultar sobornos y extraer recursos públicos que posteriormente eran dispersados hacia Miami, Florida, y otras jurisdicciones internacionales mediante paraísos fiscales.
Tras las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019 y las acciones legales promovidas en cortes de Florida, el Estado mexicano obtuvo una sentencia definitiva en un tribunal de Miami-Dade. Dicho fallo reconoció la legitimidad de México para litigar el caso, culminando en la recuperación de los activos que ahora serán transferidos a proyectos educativos prioritarios en el estado de Guerrero.
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